Este jueves 22 de febrero habrá una nueva jornada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para elegir a la nueva Fiscal General de la Nación con la terna que envió el año pasado el Presidente Gustavo Petro para que reemplace a Francisco Barbosa, quien culminó su periodo el pasado 12 de febrero y que actualmente está como encargada la Vicefiscal Martha Mancera hasta que la Corte elija a la nueva Fiscal en propiedad.

El pasado 8 de febrero hubo una marcha que llegó hasta inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que había jornada de votación de los magistrados para elección de nueva Fiscal.

Sin embargo, tras la votación y no haber decisión, los manifestantes cercaron la Corte Suprema.

La Policía tuvo que actuar con gases lacrimógenos para dispersar la manifestación. Sectores políticos señalaron al Presidente Gustavo Petro de haber convocado estas marchas a manera de presión a la Corte Suprema de Justicia. 

 A través de su cuenta de X, el Jefe de Estado dijo además que el progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular, de ahí que la situación actual “no debe dirigirse como una presión a las Cortes”.

Petro escribió en sus redes que su Gobierno ha solicitado organizar las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y departamento, y reiteró que “todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general”.

El Mandatario se refirió de esa manera porque ha mantenido la tesis de que desde la Fiscalía, que estuvo a cargo de Francisco Barbosa, supuestamente se orquestaba un “golpe blando” para desestabilizar al Gobierno Nacional.

Reacciones de varios sectores

Ante esta situación, varios sectores políticos reaccionaron en contra de las manifestaciones  e incluso lo hicieron las altas Cortes.

El presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, condenó en duros términos el "bloqueo violento e ilegal" contra el Palacio de Justicia, acto que consideró "inaceptable".

"La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la república situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país", manifestó el magistrado.

A su turno, la presidenta de la Corte Constitucional, Diana Fajardo, reclamó "con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros", al tiempo que deploró "los ataques, la violencia y los insultos" que según dijo, solo retardan la toma de decisiones.

El Consejo de Estado expresó en sus redes sociales su “profunda preocupación y rechazo” por el bloqueo que mantuvo confinados a empleados, magistrados y contratistas de la Corte Suprema de Justicia.

“El Estado de Derecho se cimienta en la garantía de los derechos de las personas, la separación de los poderes, el principio de legalidad, la independencia y la autonomía judicial. La Corporación hace un llamado a la mesura y al respeto por la institucionalidad de los tres poderes del Estado”, precisó el Consejo en un extenso comunicado.

El asedio fue condenado por líderes políticos y económicos, algunos de los cuales pidieron no olvidar la sangrienta toma, el 6 y 7 de noviembre de 1985, del Palacio de Justicia por guerrilleros del M-19, en el que militó Petro, que concluyó con una violenta retoma del Ejército, con el resultado de 94 muertos, entre ellos 11 magistrados, decenas de heridos y 11 desaparecidos.

Medidas de seguridad

Ante esta situación, el pasado martes el Consejo de Estado ordenó a la Alcaldía de Bogotá reforzar la seguridad en inmediaciones del Palacio de Justicia este jueves 22 de febrero para no repetir los acontecimientos del pasado 8 de febrero.